Las provincias más afectadas son Pichincha, Cotopaxi, El Oro, Azuay, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Guayas y Loja.
En el cantón Quilanga, en la sureña provincia de Loja, las llamas consumieron más de siete mil hectáreas, 79 familias resultaron afectadas, tres personas heridas, 207 evacuadas, tres viviendas destruidas y más de seis mil animales muertos, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).
Tras 12 días de un voraz incendio en esa zona, las llamas fueron controladas con el apoyo de más de 300 bomberos de diferentes ciudades del país, junto a equipos enviados por el Gobierno de Perú y las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Mientras tanto, en esta capital varios incendios forestales cubrieron la urbe de una espesa capa de humo por lo que el Ministerio de Educación ordenó la modalidad de clases virtuales para unos 32 centros educativos debido a la contaminación atmosférica ocasionada por el fuego.
El alcalde quiteño, Pabel Muñoz mencionó entre las afectaciones de los siniestros que un plantel avícola perdió toda su producción de pollos porque terminaron asfixiados y 20 cabezas de ganado perdieron la vida en la localidad de Itulcachi por la misma razón, reiteró.
Además, el funcionario catalogó a la emergencia como la más grave en lo que va del año en la capital y según la SGR, el fuego consumió extensas áreas de vegetación y ha provocado otros daños que incluyen la muerte de 32 mil aves de granja y 20 reses intoxicadas por el humo.
En medio de esa situación, un repunte de la violencia, con varios asesinatos en diferentes territorios del país causó preocupación entre los ciudadanos pese a los constantes estados de excepción decretado por el Ejecutivo.
Asimismo, el Gobierno dio a conocer que analizan la posibilidad de colocar francotiradores en las cárceles, luego de que un dron con explosivos fuera detectado en el techo de la prisión de máxima seguridad La Roca, la mañana del jueves.
El Ministerio del Interior confirmó más tarde que el aparato tenía 40 libras de explosivos, sin embargo explicó que la situación fue controlada y solo sufrió daños el sobretecho de la prisión.
En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continuó con el desarrollo del cronograma de cara a las votaciones generales del próximo año.
El ente electoral aprobó este viernes la coalición conformada por los movimientos políticos Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO).
Se trata de la única alianza de carácter nacional que se inscribió hasta el 30 de agosto ante el ente electoral.
La RC había elegido como sus precandidatos a la presidencia y vicepresidencia a Luisa González y Diego Borja, respectivamente. Mientras que RETO inscribió al empresario guayaquileño, Eduardo Sánchez, y a Katya Caicedo.
Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado cómo quedaría el binomio tras la alianza de ambos movimientos políticos.
El 9 de febrero de 2025, más de 13 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente, 151 legisladores y cinco parlamentarios andinos.
Entre los postulantes se encuentra el actual mandatario Daniel Noboa, quien aspira a la reelección y, en medio de la abultada papeleta, las encuestas apuntan a repetir el balotaje de 2023, cuando disputó la presidencia con la candidata González de la RC, ahora en alianza con RETO.
A propósito, el CNE reiteró esta semana que tanto el presidente de la República como cualquier funcionario activo del Estado, deben presentar licencia para hacer campaña en los comicios.
Noboa confirmó que se postulará para la reelección, pero para eso necesitaría pedir licencia del cargo durante la campaña electoral, periodo en que la vicepresidenta Verónica Abad debería asumir la jefatura del Ejecutivo, como señala la Constitución. Pero el mandatario busca alternativa para evitar esa situación.
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