Este viernes, el juez Édgar Romero determinó que los miembros de esa mesa legislativa deberán pagar 230 dólares hasta que se ejecute la decisión judicial.
El pasado 22 de agosto, Romero falló a favor de la asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, quien interpuso una acción de protección pidiendo que se levante el archivo de tres juicios políticos a exfuncionarios de Lasso.
Se trata de los procesos contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.
El magistrado también dispuso que la suspensión de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que ya se estaba en curso en Fiscalización, para que la mesa de trabajo resolviera los procesos contra los tres exfuncionarios.
A propósito, la Comisión de Fiscalización suspendió este miércoles el trámite de enjuiciamiento contra Palencia y ese mismo día reactivó el proceso contra la fiscal general, Diana Salazar.
El pasado 16 de mayo, Salazar pidió a la Asamblea Nacional que el proceso de juicio político en su contra se suspendiera momentáneamente porque enfrentaba un embarazo de alto riesgo y no quería tener estrés.
No obstante, el 19 de agosto dijo que, con el aval de su médico, estaba lista para retomar este proceso de fiscalización, al que calificó como «narcojuicio».
La fiscal ecuatoriana ha recibido críticas por la selectividad y parcialidad en los casos que investiga, concentrándose en figuras del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y en el expresidente Rafael Correa, que la acusa de persecución política, mientras otras causas permanecen engavetadas.
Asimismo, la funcionaria es acusada de incumplimiento de funciones y supuestas irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por falta de acción por los asesinatos de fiscales, entre otras causas.
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