En un comunicado de la alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a diversos colectivos, se señala que a poco más de dos meses de tomar posesión, el gobernante traza una hoja de ruta fallida ante la crisis del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
El texto asegura que dicha entidad alcanzó un punto crítico, con un déficit de 673.5 millones de dólares solo en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
Las agrupaciones firmantes del texto, entre ellas el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), cuestionaron que la CSS se impuso con su aplanadora y la ambigüedad de la oposición cariñosa que emerge en la Asamblea Nacional (parlamento), al aprobar al empresario Dino Mon como director de esa entidad pública.
Mon, según él mismo, es un “amante” de las cuentas individuales, de las medidas paramétricas y sabemos también que de la privatización de los servicios que se brindan a los asegurados y sus familiares, agrega el texto.
De otra parte cuestionaron la solicitud de las autoridades, entre ellas el mandatario, a que el pueblo haga sacrificios para solucionar el problema del seguro, sin tomar en cuenta que no resiste más el alto costo de la vida, los bajos salarios, las miserables pensiones, el desempleo y la informalidad crecientes.
En otro asunto, las organizaciones criticaron los anuncios de nuevas medidas para enfrentar la delincuencia con los toques de queda para menores en las provincias de Colón y Bocas del Toro, asi como en el distrito capitalino de San Miguelito.
Al respecto, recordaron que ya en 2011 – cuando Mulino era ministro de seguridad de la administración de Ricardo Martinelli ( 2009-2014)- la Comisión del Niño de las Naciones Unidas condenó estos toques de queda en Panamá al considerarlos una violación a los derechos de los infantes.
En política exterior denunciaron la injerencia del Gobierno panameño en los asuntos internos de Venezuela y el uso del territorio nacional como rampa de agresión contra otros pueblos, cuando en el aeropuerto de Panamá Pacífico se despliegan aviones y equipos bélicos, lo cual asemeja a una base militar de Estados Unidos.
Similar ocurre , según esa declaración, con una de las medidas para frenar la migración irregular como la deportación por vía aérea de los indocumentados que atraviesan la selva de Darién, gracias al apoyo financiero de Washington y en respuesta a los intereses de la casa Blanca.
Como respuesta, la alianza Pueblo Unido por la Vida convocó para el 14 de septiembre a un encuentro nacional de las organizaciones para delinear acciones de respuesta a las desmedidas políticas del Gobierno, instalado desde el pasado 1 de julio.
rgh/ga
