De acuerdo con un comunicado del Supremo, a través de un sorteo electrónico, la magistrada fue designada como sustanciadora en el proceso penal seguido a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exgobernante en el caso Blue Apple.
Este expediente está relacionado con una investigación que comenzó en 2017 e involucra más de 82 millones de dólares que se utilizaron en coimas de siete empresas que construían puentes, calles y viviendas para el Estado entre 2009 y 2014.
Los pagos por sobornos se repartían en un entramado de sociedades anónimas cuyo centro era la cuenta Blue Apple.
Por este caso ya el juzgado dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Adolfo de Obarrio, secretario privado del exmandatario.
El siguiente paso será la fijación de las fechas, tanto principal como alterna, para la audiencia de fondo, las cuales deberán notificarse a los hermanos Martinelli, diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, por lo que solo la CSJ puede investigar y procesar delitos en estos casos.
El pasado 22 de agosto, también López fue designada para revisar una demanda de inconstitucionalidad contra la condena al expresidente Martinelli por blanqueo de capitales.
En octubre de 2023, un tribunal competente confirmó la pena de más de 10 años de cárcel al exdignatario por el delito de lavado de dinero en el caso New Business.
Esa instancia ratificó además que Martinelli -desde el 7 de febrero asilado en la embajada de Nicaragua en esta capital- deberá pagar una multa de 19,2 millones de dólares, como pena accesoria.
Sin embargo, su abogado defensor, Carlos Carrillo interpuso ese recurso, en el que solicita la anulación de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.
La defensa de Martinelli argumenta que estos fallos violan derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República y por tratados internacionales, particularmente en relación con el principio de especialidad.
Este proceso es de gran relevancia, ya que determinará si la sentencia que condenó a Martinelli se ajusta o no a la Constitución panameña.
La sanción a Martinelli incluye además el decomiso en favor del Estado de todas las acciones de Editora Panamá América, SA (Epasa), su administración e instalaciones (bienes muebles e inmuebles), para cuya compra en 2010 erogó fondos públicos, según la Fiscalía.
El caso New Business comenzó en el 2017 y tiene relación con la compra con presuntos fondos públicos de la Editorial Panamá América SA (Epasa) por 43.91 millones de dólares en diciembre de 2010 cuando Martinelli era presidente.
Para varios analistas lo que está en juego, como antes, es si continúa la impunidad galopante en delitos de alto perfil o impera la llamada certeza de castigo y hasta la credibilidad del propio sistema judicial panameño, en el entendido de que Martinelli se ha enfrentado a otros procesos penales y ha salido ileso.
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