La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), con cinco votos en contra, denegó la solicitud del movimiento Revolución Ciudadana (RC) para enjuiciar políticamente a Salazar.
La fiscal ecuatoriana ha recibido críticas por la selectividad en los casos que investiga, concentrándose en figuras de la RC y en el expresidente Rafael Correa, que la acusa de persecución política, mientras otras causas permanecen engavetadas.
Asimismo, la funcionaria es acusada de incumplimiento de funciones y supuestas irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por falta de acción por los asesinatos de fiscales, entre otras causas.
Sin embargo, los legisladores de ADN consideraron que la fiscal tiene en sus manos “investigaciones importantes que comprometen a personajes de la política” y argumentaron que enjuiciar podía interferir en el desarrollo de esos casos.
El debate en esa mesa legislativa inició anoche y se extendió hasta la madrugada de este martes entre acusaciones, reclamos y diferencias entre los asambleístas.
La reunión de la Comisión estaba convocada para analizar la multa impuesta a sus integrantes por incumplir una sentencia para reactivar juicios políticos contra exfuncionarios del expresidente Guillermo Lasso.
Se trata de los procesos contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.
En este sentido, Fiscalización decidió acatar y cumplir con la sentencia del juez Edgar Romero, quien aceptó la acción de protección y dispuso reactivar los tres juicios políticos archivados. El magistrado Romero había determinado antes que los miembros de la Comisión de Fiscalización debían pagar 230 dólares hasta que se ejecutara la decisión judicial.
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