La audiencia comenzará a las 09:30, hora local, y, además de tomar declaración indagatoria a los acusados, los jueces escucharán el testimonio de Mariana Eva Pérez, hija de los detenidos-desaparecidos José Manuel Pérez y Patricia Julia Roisinblit.
Los imputados son Juan Carlos Vázquez, Ernesto Lync, Juan Zyska, Juan Carlos Herrera y Julio Leston, y los crímenes contra 120 personas fueron perpetrados en el circuito represivo de Zona Oeste, donde funcionaban los centros conocidos como Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), Mansión Seré, aquellos que operaron en las Comisarías de Moreno, y las Brigadas Aéreas I de Palomar y VII de Morón, entre otros.
En el proceso, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo actúa como querellante junto al nieto restituido Guillermo Pérez (hermano de Mariana Eva) y la presidenta honoraria de la institución Rosa Tarlovsky, quienes denuncian los hechos contra su familia durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).
José Manuel, Patricia Julia (embarazada de ocho meses) y la hija de ambos, Mariana Eva, fueron secuestrados en 1978 y llevados a la RIBA, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Un mes después, Patricia Julia fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada para dar a luz y, tras nacer en cautiverio, Guillermo fue sustraído y apropiado por el matrimonio compuesto por Francisco Gómez (agente civil de la RIBA) y Teodora Jofré.
El 13 de abril de 2000, Abuelas recibió una denuncia anónima que afirmaba que Gómez y Jofré tenían un niño inscrito con una partida de nacimiento falsa.
Después de ser visitado por su hermana, el joven aceptó realizarse los análisis correspondientes y en el año 2004 fue confirmada su verdadera identidad.
Sus padres permanecen desaparecidos.
Abuelas y la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma pidieron el acompañamiento de organizaciones y ciudadanos durante el proceso judicial.
Recientemente, más de 200 organizaciones solicitaron la intervención de la Corte Suprema en la resolución de problemas que afectan el avance de las causas de lesa humanidad como demoras en la instrucción, pedidos de indagatorias que nunca se resuelven, falta de salas, audiencias esporádicas y la decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso a los archivos.
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