Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya se dispone del protocolo de reacción y mitigación ante situaciones de riesgo con las personas defensoras de la tierra y la naturaleza, y se cuenta con la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú, un convenio internacional que incluye mandatos para proteger a los líderes ambientales.
Otra de las herramientas para atender ese tema es el Sistema Nacional de Diálogo para la transformación de los conflictos ambientales, que cuenta con la participación de organizaciones de diferentes regiones del territorio nacional.
Por su parte, el Ministerio del Interior destinó más recursos a la Dirección de Derechos Humanos para la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, en la que se aborda interinstitucionalmente, de la mano con la sociedad civil, las problemáticas que derivan en el asesinato y las agresiones contra los defensores.
“El gobierno nacional reconoce la grave situación que deriva de conflictos socioecológicos asociados al narcotráfico, prácticas extractivistas vinculadas a economías ilícitas y a la reconfiguración del conflicto armado” señaló el comunicado.
Añadió que actualmente se adelanta la construcción de la Política Pública Integral de Garantías para Personas Defensoras de Derechos Humanos que se caracteriza por ser un proceso legítimo propuesto desde la sociedad civil, en el cual han participado cerca de mil personas defensoras pertenecientes a diferentes regiones del país.
En lo que va de 2024, se recibieron 37 casos de defensores ambientales amenazados quienes fueron atendidos de manera oportuna para reducir su riesgo, acotó la fuente ministerial.
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