Datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) indican que en lo que va de este año suman seis mil 525 las interrupciones de embarazo, mientras el promedio diario supera las 32 en los últimos cinco años.
De acuerdo con la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, se reportan miles de hospitalizaciones anuales por complicaciones derivadas de «abortos inseguros».
Mientras esto sucede, las tres causales sobre la interrupción del embarazo dividen a los representantes de sectores sociales en el país.
El 3 de julio pasado el Senado aprobó, sin esas tres razones, el proyecto de ley del nuevo Código Penal, que busca sustituir el de 1844, pero que desde por más de dos décadas se mantiene en debate en el Congreso. Una semana más tarde la Cámara de Diputados también le dio luz verde en primera lectura.
Los tres motivos por los que algunos sectores piden legalizar esa práctica son cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, por deformaciones del feto incompatibles con la vida y en caso de que la vida de la madre esté en riesgo.
Riess puntualizó que, por rangos de edades, las mujeres entre 20 y 24 años son las que más casos registran, mientras preocupa que en el primer trimestre de 2024 se notificaron 10 menores de 15 años, de abril a junio la cifra subió a 51, y entre julio y agosto sumaron 18.
La falta de consenso sobre este tema frena la aprobación en el Congreso Nacional del nuevo Código Penal.
Aunque el presidente dominicano, Luis Abinader, reitera que está de acuerdo con la despenalización de la interrupción del embarazo basado en las tres causales, pero no con el «aborto libre», también ha dejado claro que respetará la decisión del Congreso.
Mientras, desde el sector feminista cuestionan que el gobierno hizo poco o nada durante la primera gestión del gobernante (2020-julio 2024) para impulsar este sensible tema en el Congreso, que aún está pendiente, y constituye un asunto trascendente para las mujeres y su familia.
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