En la presentación del programa, con el encendido de luces en el Palacio de las Garzas(sede del Ejecutivo), el presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó a las instituciones de seguridad a detener las redes dedicadas a este delito, principalmente con los menores afectados con el tráfico de indocumentados por la selva de Darién, con rumbo a Estados Unidos.
Con motivo del Mes de la Prevención contra la Trata de Personas, el mandatario validó el reto de esta administración de defender la vida de personas que transitan por la zona fronteriza con Colombia, donde cientos de infantes han quedado en condición de orfandad.
Según el gobernante, el concepto de crimen organizado en el mundo también toca al istmo y es clave que la comunidad internacional vea el sacrificio de esta nación al disponer fondos para atacar esa crisis.
En ese sentido, indicó que las autoridades de investigación no cesarán y no tendrán complacencia con las personas dedicadas a este crimen, para así atacarlos y encarcelarlos.
Mulino destacó que el 19 de junio de 2012, cuando entró a regir el decreto que adopta el mes en septiembre como fecha de prevención, el fungía como ministro de Seguridad y le correspondió firmar ese documento, y ahora como jefe de Estado cobra más vigencia al afrontar la crisis humanitaria en la frontera y sus diferentes componentes.
Este año, trascendió, la campaña se realiza bajo el lema “prevenir, proteger y perseguir”, tomando en cuenta cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que muestran que un tercio de las víctimas de este delito son niños y niñas por abuso sexual, trabajo forzado y reclutamiento para grupos delincuenciales.
Recientemente en un conversatorio organizado por la Red Nacional de Trata de Personas en Panamá, el viceministro de Desarrollo Social, Ricardo Landero, señaló la importancia del diseño de la políticas públicas contra ese delito en defensa de los derechos humanos.
Landero resaltó la necesidad de establecer los mecanismos para lograr su disminución, lo que involucra a todos los sectores de la sociedad, el gobierno y otras agrupaciones.
Agregó que el Gobierno condena todo tipo de abuso o discriminación contra las personas y su dignidad cumpliendo con su compromiso planteado en la Agenda 2030 que tiene como meta “no dejar a nadie atrás”.
Por su parte, Jorge Ruiz, secretario de la Fundación Resiliencia, opinó que la Ley 79 de 2011 que crea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas no ha tenido la visibilidad correspondiente, razón por la cual hay que hacer una reforma.
Según mencionó, la Trata de Personas es la segunda actividad ilícita a nivel mundial, solo superada por el comercio de drogas, y ha desplazado a un tercer término al comercio ilícito de armas.
Las dos terceras partes de las víctimas de trata en el mundo son mujeres, muchas de ellas jóvenes atraídas con falsas promesas de trabajo, trascendió.
La Red Nacional de Trata de Personas en Panamá está conformada por la Coalición Internacional de Mujeres y Familias el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Hombres y Mujeres nuevos de Panamá y la Fundación Resiliencia.
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