Están en desarrollo a través de la Fiscalía de Delitos Económicos 11 diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia en distintos puntos del país, detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Subrayó que el objetivo de la operación es recabar indicios que contribuyan al fortalecimiento de las pesquisas en curso, en entidades que le facturan venta de bienes o prestación de servicios a instituciones del Gobierno.
El director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, destacó el pasado lunes avances en las revisiones por el caso y precisó que en un plazo de unas tres semanas presentarían acciones como denuncias, inhabilitaciones, destituciones y rotaciones de personal.
A mediados de agosto pasado el director del ente recaudador de impuestos, Marco Livio Díaz, amplió en rueda de prensa sobre una red criminal constituida por 410 empresas que robó al Estado al menos el equivalente a unos 38 millones de dólares.
El superintendente añadió que realizaron la denuncia respectiva al MP (Fiscalía General de la nación) y a la Contraloría General de Cuentas por el caso, que calificó de gran magnitud.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, respaldó luego el trabajo serio y técnico del equipo de la SAT y aseguró que su administración tomaría las acciones pertinentes por las implicaciones para el erario público y los bienes del pueblo.
La Procuraduría General de la Nación, conforme a su mandato constitucional, adoptará las medidas para defender los intereses del Estado y contribuir a que las investigaciones lleven a los responsables ante la justicia, afirmó.
El B410 transcurrió durante el gobierno anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, aseveró el abanderado del partido Movimiento Semilla.
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