Durante la víspera, cuando comenzó el debate, no se llegó a un consenso en torno al monto total propuesto por el Gobierno que es de 523 billones de pesos (más de 130 mil millones de dólares al cambio actual).
El pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene que ver sobre todo con la presentación de una propuesta complementaria que implica una ley de financiamiento para paliar el déficit presente en el proyecto de presupuesto de 12 billones de pesos, cerca de tres mil millones de dólares al cambio actual.
Con el fin de prescindir de la modificación fiscal, varios congresistas demandaron introducir cambios al documento radicado por el Gobierno.
Uno de ellos fue el presidente del Senado Efraín Cepeda que, cuando aún no se conocía el contenido del texto radicado por el Ejecutivo, manifestó que contaba con los votos necesarios para hundirlo en el Congreso.
El legislador presentó un Presupuesto General por 511 billones de pesos (más de 127 mil millones de dólares), o sea, la misma cantidad propuesta por el Ministerio de Hacienda, pero restando los 12 billones de pesos incluidos en la ley de financiamiento que busca una mayor recaudación.
El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla defendió por su parte el cálculo del Gobierno al asegurar que el Presupuesto “no es una Reforma Tributaria como se ha venido diciendo, sino que se trata de un proyecto de ley de financiamiento con tres componentes importantes como las acciones de política fiscal, dirigidos a crear estímulos para reactivar la economía”.
Añadió que el visto bueno del Congreso es vital para cubrir las pérdidas derivadas de la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre las regalías minero-energéticas.
Para su aprobación, la ley de financiamiento debe recibir luz verde en las dos comisiones económicas del Senado y en las otras dos encargadas de este tema en la Cámara de Representantes.
De persistir la falta de consenso, la propuesta pasaría a manos del presidente, quien posee la facultad de aprobarlo por decreto.
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