La víspera, la iniciativa recibió los votos del oficialismo y la oposicion en la Cámara de Diputados.
Una semana antes los senadores le habían dado su visto bueno.
Una vez promulgada, la normativa introduce en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilegal de funcionarios públicos.
El proyecto consta de un solo artículo y establece penas de 18 meses a seis años de penitenciaría.
También fuertes multas y la inhabilitación de dos a cinco años para quienes obtuviesen “indebidamente a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos” un incremento patrimonial “significativo e injustificado”.
El diputado del Partido Nacional Juan Andrés Ramírez, quien argumentó a favor del proyecto, sostuvo que la iniciativa “llena un vacío penal importante”, y envía un mensaje contra la corrupción.
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