Durante las últimas horas, medios locales de prensa difundieron un video que muestra a un miembro de la Policía Federal lanzando gas lacrimógeno directamente a la pequeña y su madre durante una movilización, realizada el miércoles último frente al Congreso, para denunciar el bloqueo a una normativa que permitía aumentar los haberes de los adultos mayores.
Lo ocurrido causó gran indignación y fue cuestionado por políticos y agrupaciones que acusaron también a esa fuerza y al Ministerio de Seguridad de intentar tergiversar lo sucedido y culpar a una participante en la demostración.
Esta jornada, el Centro de Estudios Legales y Sociales calificó de aberrante el hecho y exigió al Poder Judicial “investigar y controlar la violencia que la Policía despliega en cada manifestación, (…) amparada en un protocolo inconstitucional”.
Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra la titular de Seguridad Patricia Bullrich, a quien responsabilizó por el accionar del agente.
Dalbón precisó que se trata de un caso de violencia institucional y de una violación de los derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A su vez, la Comisión Provincial por la Memoria denunció a la secretaria del Ministerio Alejandra Monteoliva por mentir en televisión e incumplir los deberes de funcionaria pública.
Monteoliva salió públicamente a negar la responsabilidad policial en ese brutal ataque. Lo hizo difundiendo videos que no son de ese momento, con la intención de acusar a personas vestidas de naranja o de derechos humanos, apuntó ese organismo.
En tanto, el presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, informó la ampliación de un recurso contra Bullrich por la represión a los jubilados y a quienes los acompañaron.
Pietragalla recordó que las fuerzas federales no tienen jurisdicción para actuar en la regulación del tránsito de las calles de la ciudad de Buenos Aires y pidió una investigación penal por abuso de autoridad y apremios ilegales.
El uso de gases, balas de gomas, bastones y camiones hidrantes contra los manifestantes fue condenado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro, quien pidió la comparecencia de Bullrich y Monteoliva ante la Cámara baja del Congreso.
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