La también llamada Sala IV de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desechó la existencia de irregularidades en el expediente 23.701 sobre la modificación a la carta magna del país centroamericano, añadió el diario.
Esta reforma autoriza a costarricenses requeridos por otro país a pagar fuera del territorio nacional por los delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, mediante un proceso legal y por orden de un juez de la República.
Una comisión de siete miembros aprobada el 29 de mayo para el estudio del proyecto, basado en una antigua propuesta retomada de un expediente del Legislativo, elevó el texto a la Sala IV para que revisara si la modificación violentaba algún derecho constitucional, y esta le dio luz verde.
“Por unanimidad -expresó el ente constitucional- los magistrados, luego de analizar el trámite legislativo y el objeto de consulta, no observaron vicios de constitucionalidad en el proyecto de reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales en ciertos casos”.
La instancia de la CSJ argumentó que la reforma es respaldada por varios tratados internacionales suscritos por Costa Rica, que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra flagelos como el narcotráfico y el terrorismo.
El fallo integral de la Sala IV deberá ahora notificarse a la Asamblea Legislativa para que esta proceda a la votación en segundo debate y enviarla al gobierno para que en el informe presidencial de mayo del 2025 indique si apoya u objeta la propuesta.
La trayectoria del proceso constará de otros sufragios del parlamento mediante tres debates antes de aplicarse el cambio en la Constitución, de acuerdo con el periódico Delfino cr.
El Congreso suscribió el 5 de agosto por unanimidad la reforma para modificar el artículo 32 de la Constitución, cuyo articulado sobre el asunto prohíbe que ningún ciudadano tico puede ser obligado a abandonar el país, señaló el canal Teletica.
La Asamblea Legislativa refrendó con 39 votos la propuesta, antes de someter a consulta la iniciativa a la Sala Constitucional.
Los diputados aclararon que esa expulsión legal del país deberá respetar varias condiciones: no se podrán perseguir delitos que no existan en la legislación tica, ni aplicar sanciones mayores a las nacionales como cadena perpetua o pena de muerte.
El Congreso tico analiza desde mediados de julio qué decisión asumir sobre el proyecto costarricense de ley para la extradición de nacionales, excluida hasta hoy de la Constitución y ya aprobada por una comisión especial, según medios locales.
La Corte Suprema de Justicia declaró el 18 de junio que esta reforma constitucional propuesta por el Gobierno al parlamento para permitir la extradición de costarricenses por delitos extremos no altera la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial.
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