Hinostroza, quien se encontraría en Países Bajos, invocó la citada legislación, la cual aumentó los requisitos para que exista una organización criminal, entre ellos que esté probado que la agrupación haya fijado el objetivo de controlar un mercado o una economía ilegal, lo cual juristas consideran virtualmente imposible.
El pedido de cesar las investigaciones solo se refiere al citado cargo, pues siguen en pie los de cohecho, tráfico de influencias y otros que realizaba la organización, considerada por la Fiscalía como criminal y cuyo jefe era Hinostroza.
Las pesquisas arrojaron indicios de que la presunta agrupación cometía los delitos de tráfico de influencias, cohecho y otros, mediante un intercambio de favores y dádivas, nombramientos y favorecimientos judiciales a través de una red que llegaba a altas instancias del sistema de justicia.
Integraban la red, el exjuez superior (regional) Walter Ríos, Guido Águila, Iván Noguera (prófugo), Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo disuelto porque casi todos sus integrantes estaban involucrados en los hechos.
La Fiscalía investiga además como implicados al abogado José Luis Castillo Alva, el empresario Antonio Camayo y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, entre otros.
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