Al entregar el acto conclusivo de su investigación, la Fiscalía General de este país implicó a Juan José García, Enrique Bremer, Miguel Ángel Vásquez, Kevin Junior Carrera, Pablo Pellecer y Andrea Prera de León.
El MP los llevó a proceso penal el pasado 8 de marzo por los delitos de depredación de bienes culturales y usurpación agravada, ambos en forma continuada.
En una audiencia programada ese día, el juez Víctor Cruz resolvió contra estos seis de ocho, de un segundo grupo de la pesquisa llamada Toma de la USAC (Universidad de San Carlos): Botín Político.
El caso, divulgado el 16 de noviembre de 2023, vinculó a los ganadores de las elecciones de ese año, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, con las protestas en la casa de altos estudios capitalina del 19 de mayo de 2022 hasta el 9 de junio de 2023.
De los primeros acusados sobresalieron el decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la casa de altos estudios, Rodolfo Chan, y los egresados de ese centro Eduardo Antonio Velásquez (economista) y Alfredo Enrique Bremer (profesor).
También integran la lista, el sindicalista Martin Jorge Macario, la joven excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla Andrea Marcela Blanco y el estudiante de Física de la USAC Javier Alfonso de León.
Estos seis estuvieron en prisión y la abandonaron tras pagar una fianza de 10 mil quetzales (casi mil 300 dólares), tienen prohibido salir del país, comunicarse entre ellos y deben comparecer cada 15 días ante el MP.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP, en virtud de la investigación, solicitó a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad de Arévalo y Herrera, algo que esta negó.
Pidió además antejuicios igualmente contra los legisladores Samuel Pérez (Semilla), Adán Pérez (Winaq), Carlos Barreda (VOS), Aldo Dávila (VOS), Román Castellanos (Semilla) y el diputado electo Raúl Barrera (Semilla).
La toma de las instalaciones de la USAC 386 días ocurrió luego de la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de altos estudios.
Opositores y estudiantes se organizaron para rechazar el nombramiento, debido a que denunciaron una serie de irregularidades durante la votación, sin que la Fiscalía General investigara estos hechos.
Analistas locales coincidieron en calificar la pesquisa, de clara intervención en el objetivo de anteriores del MP de impedir la llegada al poder del binomio presidencial.
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