La nueva acción emprendida por el Gobierno de esta nación sudamericana contra la vicepresidenta, Verónica Abad, ha generado polémica en el país andino.
Este jueves, el Ejecutivo ordenó al Ministerio del Trabajo iniciar un sumario administrativo contra Abad, por “abandonar Israel de manera tardía”.
Con esa medida, la administración pública determinará o no el cometimiento de las faltas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público.
Según las responsabilidades encontradas, el funcionario investigado puede ser destituido. Sin embargo, la normativa establece que esto no aplica para el presidente o vicepresidente.
Al respecto, el abogado constitucionalista José Chalco, explicó al canal Teleamazonas que las causales de cesación de funciones de un vicepresidente son las mismas que para el presidente de la República y están definidas en la Constitución.
“Por juicio político previo dictamen de la Corte Constitucional (CC), por abandono del cargo comprobado por la CC, por revocatoria de mandato, renuncia o terminación del periodo (…) No puede vía sumario administrativo”, detalló.
Antes, Abad denunció que el Gobierno de Daniel Noboa busca silenciarla para que “no interfiera en su campaña política de cara a las elecciones generales».
“No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad, el Gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel, mientras que yo tengo que irme sola”, indicó.
Luego, la Cancillería justificó el traslado de Abad y detalló que la medida respondió a varios pedidos de la propia vicemandataria.
Noboa confirmó recientemente que se postulará para la reelección, pero busca alternativas para evitar que la vicemandataria Abad, quien fue designada por el mandatario como embajadora de Paz en Tel Aviv, asuma la Presidencia.
Entretanto, el aumento de la inseguridad preocupa a los ciudadanos aquí. El asesinato de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, María Daniela Icaza, es el hecho más reciente de la espiral de violencia en las cárceles aquí.
La muerte de Icaza, de 35 años, ocurrió cuando la funcionaria salía de laborar en la cárcel, que forma parte del complejo penitenciario más grande del país.
Se trata del segundo asesinato de una autoridad penitenciaria en nueve días. La pasada semana, fue victimado Álex Guevara, director de la cárcel de la provincia de Sucumbíos.
Anteriormente, dos guías penitenciarias de la Cárcel de Mujeres en Guayaquil, en el mismo complejo del Litoral, fueron asesinadas en los exteriores de las instalaciones.
Las prisiones aquí son consideradas epicentros de la crisis de seguridad que sufre el país, por lo cual el presidente Noboa decidió militarizarlas amparado en un estado de excepción y en la declaratoria de conflicto armado interno.
En medio de ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria oficial para los comicios generales de 2025, donde los ciudadanos decidirán entre los candidatos al poder Ejecutivo y al Parlamento.
El CNE reiteró que la fecha prevista para las votaciones será el 9 de febrero del próximo año y en caso de existir una segunda vuelta electoral, esta se realizará el 13 de abril.
Más de 13 millones de ecuatorianos estarán llamados a las urnas, cuando elegirán presidente, vicepresidente, 151 legisladores, y cinco parlamentarios andinos.
Un total de 16 candidatos podrían buscar la presidencia de Ecuador en 2025, tras el cierre del plazo para oficializar alianzas políticas ante el CNE, aunque aún las postulaciones no están inscritas.
Entre los postulantes se encuentra el actual mandatario Noboa, quien aspira a la reelección y, en medio de la abultada papeleta, las encuestas apuntan a repetir el balotaje de 2023, cuando disputó la presidencia con la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, ahora en alianza con el movimiento RETO.
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