En investigación aparecen 117, seis archivadas y dos conectadas con otros casos, según datos en una plataforma puesta en marcha a fines de mayo del presente año para transparentar la gestión en el combate al saqueo del dinero público.
El mecanismo digital precisó que 41 denuncias guardan relación con el ministerio de Comunicaciones, 35 del sector administrativo, 25 con salud y 13 de seguridad.
Además, ocho vinculadas a Gobernación, igual cantidad a agricultura, siete al desarrollo social, cinco a ambiente y cuatro al trabajo.
El entonces titular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, Santiago Palomo, consideró meses atrás fundamental que el MP asuma esas denuncias con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos.
Entre los casos más relevantes destacan las irregularidades en la construcción de las Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín, Escuintla.
También, la adquisición de escaleras y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Asimismo, identificaron una red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo, falsedad en licencias ambientales y anomalías en la obtención de vacunas Sputnik V contra la Covid-19 .
El ministro de Agricultura Maynor Estrada presentó una por un caso de venta plazas y otra relacionada con un programa de seguridad alimentaria y nutricional en la gestión anterior.
A inicios de agosto pasado las autoridades de Comunicaciones y Salud denunciaron un posible fraude en un proyecto de construcción, a cargo igualmente del Ejecutivo de Giammattei, de un hospital en el departamento de Huehuetenango.
Para levantar la obra se pagaron 79 millones de quetzales (poco más de 10 millones de dólares) y reportaron un 90 por ciento de avance físico, cuando en realidad los trabajos llegaron al 38, trascendió aquí.
Aún está por sumarse al tablero de la corrupción el caso B410, revelado en agosto último por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y llamado mayor fraude fiscal de Guatemala.
No obstante, como el director del ente recaudador de impuestos, Marco Livio Díaz, realizó la denuncia respectiva al MP, este allanó hace dos días nueve entidades.
La corrupción –señalaron analistas locales- nos roba la oportunidad de desarrollarnos.
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