En su habitual comunicado de fin de semana, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (Cciap) precisó que este problema va más allá de resolver la debacle financiera que enfrenta el programa de beneficio de Invalidez, Vejez y Muerte.
En su mensaje resaltó que la trascendencia que tiene la CSS como servicio público para la población requiere de una reingeniería de cara a contar con un gobierno corporativo eficiente – que no significa privatización, pero si optimización – alejado de la politiquería, que mejore supremamente los servicios que los usuarios reciben.
La administración de la CSS debe enfocarse en el usuario final que garanticen servicios de la más alta calidad, con un recurso humano altamente capacitado (y no políticamente nombrado), y con tecnología de punta, agregó el documento.
A juicio dela Cciap, para lograr el enfoque integral, es imprescindible que todos los sectores del país participen activamente y con un espíritu de colaboración ante un momento clave para actuar con responsabilidad y firmeza.
Subrayó además que no se pueden permitir que las decisiones de fondo sigan siendo postergadas, ni que las propuestas queden solo en el papel.
Según la Presidencia de la República, las conversaciones oficiales sobre este tema comenzarán mañana lunes y se dividirán en dos bloques: salud y pensiones, que serán abordados paralelamente por profesionales expertos y representantes de la sociedad, del 16 de septiembre hasta el 31 de octubre, con un tiempo determinado para exponer, debatir y concluir la propuesta.
Las autoridades realizarán un informe al final de cada sesión para comunicar al país lo tratado, se conoció.
Se espera que un anteproyecto de ley sobre reformas a la CSS sea debatido en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) en diciembre de este año para ponerlo en práctica desde enero de 2025.
Sin embargo, la víspera, la Alianza Pueblo Unido por la Vida convocó a una gran marcha popular en Panamá el 17 de octubre en defensa de la CSS en respuesta a iniciativas del Ejecutivo para enfrentar la actual crisis financiera de la entidad estatal.
Tras concluir un foro en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, uno de los voceros de esos colectivos, Mario Almanza, indicó que existe la voluntad de dialogar, la capacidad técnica necesaria para esbozar sus propuestas, pero también la firma disposición de manifestarse en las calles, en caso de que el Gobierno de José Raúl Mulino pretenda imponer medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero patronales.
El economista William Hughes, asesor de la alianza, señaló por su parte que también exigirán a la actual administración que implemente la devolución de millonarias sumas de dinero de la evasión fiscal que le han permitido a empresas privadas y que de 2007 a la fecha ronda los 84 mil millones de dólares.
oda/ga
