El acuerdo moviliza más de 175 mil millones de pesos (unos 43 millones de dólares al cambio actual) que ingresarán directamente al Fondo de Reparación, destinado a apoyar a las víctimas y a transformar los predios en tierras productivas, según la información divulgada.
“Heredamos un gran rezago en la reparación a quienes sufrieron el conflicto armado, algo que ha devenido en muchísimo sufrimiento para ellas. Con este paso, esperamos reparar alrededor de cinco mil víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz”, afirmó la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, declaró que el acuerdo derriba las barreras institucionales que impedían su puesta en marcha.
Expresó que por medio del convenio se procederá a la compra 18 mil hectáreas que serán entregadas a campesinos sin tierras, y el convenio tiene el potencial de alcanzar hasta 130 mil.
De acuerdo con ambas entidades, con la alianza cumplirá con dos objetivos clave: la entrega de tierras a los campesinos y la reparación económica de las víctimas.
Los terrenos adquiridos provienen de predios entregados por jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y están ubicados principalmente en departamentos como Antioquia, Córdoba y Santander.
Entre ellos hay algunos que pertenecieron a bloques paramilitares como Casa Castaño, Bloque Central Bolívar y Bloque Centauros, ahora al servicio de los campesinos.
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