El jurista expresó que no reconocerán la determinación que adopte ese órgano respecto a una posible imputación de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022 porque “nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”.
“Nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos en una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares”, remarcó Carvajal en entrevista con Blu Radio.
El abogado afirmó asimismo que las acciones del CNE violan el fuero presidencial integral que reviste a Petro y reiteró que esa instancia carece de potestades para investigar a su representado en su calidad de jefe de Estado elegido democráticamente.
“El fuero del presidente está muy definido y existe una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que establece que el fuero no solo aplica para procesos penales y disciplinarios, sino también para procedimientos sancionatorios de carácter pecuniario ante autoridades administrativas”, detalló.
Comentó además se presentó un proceso de nulidad ante el Consejo de Estado para revertir la decisión emitida por la Sala de Consulta, que resolvió que tanto el CNE como la Cámara de Representantes pueden investigar al presidente.
A juicio del defensor, esta resolución responde a un “absoluto desconocimiento de la ley y de la Constitución”.
En otro momento, enfatizó que el CNE incluye en sus alegatos de presunta financiación irregular de la campaña sucesos que no se ajustan al periodo de proselitismo político.
“La ley es clara: las campañas presidenciales inician y terminan en fechas específicas. Los eventos que se investigan, como la consulta interna del partido, no son parte de la campaña oficial y, por lo tanto, no pueden ser objeto de la investigación del Consejo”, explicó.
El CNE se reunirá durante esta jornada para votar la ponencia que pide formular cargos por una presunta violación en los topes de financiamiento permitidos en campaña.
Petro niega haber violado lo establecido en la ley y asegura que esta es una maniobra para allanar el camino para un golpe de estado.
También cuestiona la imparcialidad que puede tener una investigación conducida por el magistrado Hernán Prada, un enemigo político declarado y quien está señalado por la justicia de comprar testigos para el expresidente Álvaro Uribe (2002-2008).
Simultáneamente, ha realizado múltiples llamados a la ciudadanía a movilizarse para defender la institucionalidad y la democracia en el país.
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