Hace unos días el candidato presidencial por el gobernante Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, reiteró que Uruguay abriría en las próximas semanas una “oficina de innovación” en esa ciudad palestina bajo ocupación de Israel, pese al estatus especial que le confiere Naciones Unidas.
En septiembre de 2022 el presidente Luis Lacalle Pou lo había adelantado en reunión con la Organización Sionista del Uruguay.
Ante el anuncio del candidato del PN, los embajadores de Palestina, Arabia Saudta, Líbano, Irán, Egipto, Turquía y Qatar expresaron “su grave preocupación” en carta al canciller uruguayo, Omar Paganini.
“Reafirmamos la obligación vinculante de respetar el estatus especial de Jerusalén, parte integrante del territorio ocupado del Estado de Palestina, y la necesidad de proteger y preservar las dimensiones espirituales, religiosas y culturales únicas de la ciudad”, dice la misiva, divulgada aquí.
Añade que la instalación de una oficina de cualquier tipo “constituye una violación flagrante del derecho internacional”.
Advirtieron que ello supondría “respaldar la anexión ilegal de la ciudad por parte de Israel y los crímenes de guerra que conlleva”.
Uruguay daría ese paso cuando “el derecho internacional está siendo flagrantemente ignorado por Israel», dice la carta.
Y refiere «el asesinato masivo de civiles palestinos, incluidos miles de niños en Gaza, la destrucción de hogares e infraestructura civil y el uso de la inanición como arma de guerra, junto a otros incalculables crímenes contra la humanidad”.
Los embajadores pidieron que Uruguay “rescinda su intención de abrir cualquier oficina en la Jerusalén ocupada”.
Además lo instó a que emita «una declaración clara e inequívoca reafirmando su compromiso con el derecho internacional y rechazando categóricamente el reconocimiento de la anexión ilegal de Israel”.
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