Pérez advirtió que esas autorizaciones se realizaron sobre la base del Decreto Municipal 034, que fue abrogado en agosto último y quedó sin efecto legal.
“El Decreto Municipal 034 fue abrogado el 10 agosto de este año; sin embargo, el subalcalde de la Zona Sur y la jefa de Unidad Legal han emitido diversos informes, ordenando a funcionarios que aprueben planos en el marco del decreto 034 (…), que claramente favorece solo a las empresas constructoras y no a la población paceña”, afirmó.
Recordó en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv que, en diciembre de 2023, el alcalde paceño, Iván Arias, aprobó el decreto 034 que modificaba fórmulas y establecía una disminución de las multas pecuniarias por edificaciones fuera de norma.
Aclaró que esta normativa tenía la finalidad de promover construcciones ilegales y su regularización con multas irrisorias, de menos del 50 por ciento de lo que establece la Ley 233, con parámetros de cálculo inexistentes, “era un decreto ilegal e inconstitucional”, explicó.
“Salimos (de la subalcaldía) con el doble de casos -criticó la concejala-, con 10 casos, solo en un día, que se detectaron con la misma hermenéutica, tratando de ordenar la aprobación de planos en el marco de un decreto ilegal e inconstitucional y abrogado (…)”.
Describió en la crítica que esa normativa derogada reducía las multas a las empresas constructoras con sanciones irrisorias y, además, establecía la conversión de la ordenanza de demolición a sanciones pecuniarias burlescas.
La legisladora municipal sostuvo que, junto al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se intervino la Subalcaldía Sur y, en el momento actual, se hace el análisis de la documentación y la investigación correspondiente.
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