En el centro asistencial, el mandatario habló con los médicos y también con algunos de los soldados que reciben atención tras el ataque, que el gobierno atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Después del suceso, la Fuerza Aérea Colombiana dispuso de dos aviones, un King 350 y un Casa-295, para realizar el traslado de 18 uniformados desde Tame y Arauca hacia Bogotá que necesitaban atención médica de urgencia.
Acorde con el Ministerio de Defensa hubo en total 27 lesionados, dos de los cuales fallecieron, a causa de la gravedad de sus traumas.
Con anterioridad, Petro consideró que lo acontecido marcaba la suspensión de las negociaciones entre el gobierno y el grupo insurgente, al considerar que la acción prácticamente dejaba cerrado el proceso de paz con sangre.
Asimismo, varios funcionarios de alto rango han condenado el hecho, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el ministro de Defensa Iván Velásquez y el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño.
Previo al suceso, si bien la Delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones descartaba que el mecanismo estuviera detenido y aseguraba tener vías de comunicación con el ELN, las pláticas pasaban por un momento de tensión y estaban congeladas desde mayo, según lo decretó el grupo armado.
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