De acuerdo con el asesor de la dirección general de la CSS, Fernando Bustamante, los gremios, asociaciones, trabajadores, empresarios y pensionados, entre otros, tendrán hasta el 23 de septiembre para presentar sus proyectos que deben tener sus respectivos sustentos financieros.
Antes el presidente de la República, José Raúl Mulino, había anunciado en cadena nacional que el plazo de entrega se extendería hasta el 31 de octubre, pero de manera unilateral el Ejecutivo decidió reducir este periodo con el objetivo de avanzar en la discusión de propuestas que den paso a la estructuración del proyecto final.
A partir del lunes próximo, iniciará en las mesas de conversaciones un nuevo proceso que consiste en la presentación y sustentación de dichas propuestas que serán aglutinadas en una matriz que pretende evaluar varios aspectos como claridad esquemática, sostenibilidad financiera, cobertura del sistema e inclusión, sustitución salarial sin asimetrías (dignidad) y fomento al empleo, entre otros.
Esos elementos se subdividen en una serie de ítems como edad de jubilación, densidad mínima de cuotas, aportes adicionales, variables económicas y cuota obrero patronal, que facilitarán la comparación de cada una de las iniciativas.
La nueva fecha fue parte de la metodología con la que se recibirán las propuestas en las mesas de conversaciones que tratan el problema del sistema de pensiones y los servicios de salud, a lo que se opusieron varios agrupaciones populares.
Bustamante indicó que las propuestas de los actores en la mesa, que hasta el momento suman cinco, se revisarán por medio de una matriz en la que más adelante se compararán unas con otras.
“La viabilidad financiera es que las fuentes de financiamiento estén plenamente identificadas y sean consistentes con el gasto o la inversión que se quiera hacer”, manifestó Bustamante, que no precisó finalmente cómo se elegirían las propuestas que se tomarán en cuenta para el proyecto de ley que irá a la Asamblea Nacional.
Además informó que habrá un sitio web (https://conversatoriocss.aig.gob.pa/publico_mu.php) donde los representantes de las mesas y el público en general podrá revisar la documentación que se vaya tratando durante el proceso.
Contrario a lo que manifestó Bustamante sobre un ambiente de cordialidad y “consensos” sobre lo conversado en un segundo día de sesiones, desde el sector de los trabajadores expresaron dudas en torno a la metodología y si sus propuestas van a ser tomadas en cuenta.
De acuerdo con el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, el Ejecutivo pretende llevar a finales de año un anteproyecto de ley para que lo valide el parlamento unicameral, proceso ya listo según quedó evidenciado.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade, consideró inapropiado el lugar del conversatorio, la sede del Ejecutivo, donde según explicó, se sienten incómodos, más bien acosados.
Mientras, Fernando Ábrego, secretario general de los Asociación de Profesores de Panamá, calificó como una “imposición” la metodología del Gobierno y dijo que desconocen si va a haber un mediador en la mesa, al considerar a los representantes del Ejecutivo como “juez y parte” en la discusión.
El docente adelantó que las distintas organizaciones evaluarán la continuidad de su participación en los próximos días y expresaron su inquietud sobre þcómo se va decidir finalmente qué elementos serán incluidos en la propuesta que irá al Legislativo para su discusión.
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