La entidad protectora de los derechos de la población lamentó el veredicto del tribunal de la zona suroriental Pérez Zeledón, provincia San José, al liberar de cargos al imputado, quien admitió en una grabación en 2022 que ultimó en febrero de 2020 al miembro de esa etnia de la suroriental región de Puntarenas.
El organismo humanitario comentó que «la justicia pronta y cumplida” mantiene una deuda ante los pueblos indígenas de Costa Rica, y recordó una anterior decisión judicial similar sobre la muerte del también dirigente de grupos originarios Sergio Rojas, añadió el periódico Delfino.
Ambos activistas -señaló la Defensoría- gozaban de medidas cautelares, aunque son pocos o escasos los esfuerzos y gestiones efectuadas por el Estado para proteger a las dirigencias indígenas.
La entidad humanitaria local puntualizó que la violencia sigue escalando en diferentes territorios indígenas del país y se extienden desde Salitre y Térraba a China Kichá y Cabagra.
El ente protector de los costarricenses señaló que “algunos medios de comunicación y redes sociales exacerban los discursos de odio de índole racista, y criminalizan las reivindicaciones indígenas sobre sus derechos».
Hasta la fecha –expresó- las autoridades se abstuvieron de detener a ninguna persona o sancionar a nadie por estos hechos.
Según la Defensoría, este panorama pone en evidencia que las acciones estatales no son suficientes para garantizar la vida, integridad personal y acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y para evitar la repetición de estas decisiones.
El tribunal de Pérez Zeledón comunicó tras absolver este jueves a Varela Rojas, que su decisión fue asumida «por dudas» respecto al homicidio durante el juicio iniciado el 19 de agosto, aseguró en declaraciones a Delfino el abogado de la familia de la víctima, John Brenes.
Los defensores del equipo que participó en el debate oral y público –subrayó el letrado- “nos sentimos sorprendidos por este resultado, que, de ninguna manera, hace justicia a la familia Rivera y a la población indígena del sur del país en general».
El abogado recordó que, durante un primer juicio en febrero del 2023, el mismo Tribunal de Pérez Zeledón, pero con diferente integración, declaró al imputado Varela responsable del crimen y le impuso una pena de 22 años de prisión.
Brenes argumentó que el acusado admitió en varias ocasiones, incluso de forma pública, su culpabilidad por la muerte de Rivera, lo cual, “en nuestro criterio (y el de la Fiscalía) –subrayó el letrado- descartó cualquier hipótesis de legítima defensa».
Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de la central provincia de Cartago dejó en libertad a Varela en una resolución del 17 de julio de 2023, y ordenó iniciar nuevamente el juicio.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas solicitó el 12 de setiembre para el acusado una sanción de 35 años de prisión, la pena máxima por homicidio.
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