El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, no logró que el pleno aprobara la iniciativa que llevaba adjunta una percha que dificultaría el voto de los estadounidenses y que es una exigencia del exmandatario Donald Trump.
Para algunos medios locales, esa persistente obsesión de Trump con un inexistente fraude electoral podría llevar al país al cierre gubernamental e incluso arriesgaría en noviembre la ajustada mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
Las demandas de Trump de un proyecto de ley que apunte al voto de los no ciudadanos, que ya es ilegal, acorralaron a Johnson sin salidas obvias, lo que plantea la posibilidad de una crisis en Washington en el período previo al día de las elecciones que podría repercutir en el Partido Republicano, reseñó la CNN.
Sobre la medida, que fracasó por un margen de 202-222-2, «hicimos la jugada. Era la mejor; era la correcta. Así que ahora volvemos al libro de jugadas. Elaboraremos otra y encontraremos una salida», expresó Johnson.
El plan, que habría proporcionado los fondos al gobierno durante seis meses (Resolución Continua) también incluía un proyecto de ley respaldado por el liderazgo republicano y Trump que requeriría una prueba de ciudadanía para votar (Ley SAVE).
Trump pidió abiertamente a los republicanos que dejaran que el gobierno entrara en el temido shutdown si no avalaban la Ley SAVE.
En su red Truth Social, el expresidente escribió que si «no obtienen garantías absolutas sobre la seguridad electoral, DE NINGUNA MANERA, FORMA O MODO DEBERÍAN SEGUIR ADELANTE CON UNA RESOLUCIÓN CONTINUA SOBRE EL PRESUPUESTO».
Pero el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, consideró que sería «políticamente más que estúpido» permitir que se produzca un cierre «justo antes de las elecciones, porque sin duda nos echarían la culpa».
Para el líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, el único camino es lograr un acuerdo bipartidista que no incluya medidas «extremas», como la Ley SAVE.
A menos de dos semanas de la fecha límite del 30 de septiembre, cuando se agotarán los fondos federales, los legisladores deberán llegar a un acuerdo para evitar un caos.
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