Esa instancia de la zona suroriental Pérez Zeledón, provincia de San José, liberó de cargos al imputado, quien admitió en una grabación en 2022 que ultimó al miembro de la etnia Térraba en la suroriental región de Puntarenas, añadió la fuente.
El Tribunal de Justicia de la citada demarcación asumió este jueves la decisión de absolver a Rojas «por dudas» respecto al homicidio, durante el juicio iniciado el 19 de agosto, aseguró en declaraciones a Delfino el abogado de la familia de la víctima, John Brenes Rodríguez.
Los defensores del equipo que participó en el debate oral y público –subrayó el letrado- “nos sentimos sorprendidos por este resultado, que, de ninguna manera, hace justicia a la familia Rivera y a la población indígena del sur del país en general».
El abogado recordó que en un primer juicio en febrero del 2023, el mismo Tribunal de Pérez Zeledón, pero con diferente integración, declaró al imputado Varela responsable del crimen y le impuso una pena de 22 años de prisión.
Brenes argumentó que el acusado admitió en varias ocasiones, incluso de forma pública, la culpabilidad por la muerte de Rivera, lo cual, “en nuestro criterio (y el de la Fiscalía) –subrayó el letrado- descartó cualquier hipótesis de legítima defensa».
Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de la central provincia de Cartago dejó en libertad a Varela en una resolución del 17 de julio de 2023, y ordenó iniciar nuevamente el juicio.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas solicitó el 12 de setiembre para el acusado una sanción de 35 años de prisión, la pena máxima por homicidio.
El deceso por un ataque del líder indígena siguió al asesinato de otro dirigente de esa comunidad del Territorio de Salitre, Sergio Rojas, integrante del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, caso que fue archivado en enero del presente año.
Brenes afirmó que la defensa esperará la sentencia integral para valorar posibles argumentos de cara a un próximo recurso de apelación, «por lo que no podríamos afirmar que el asunto terminó el día de hoy».
Grupos originarios costarricenses permanecieron expectantes en las últimas horas en espera de la anunciada sentencia de 35 años de prisión solicitada por la Fiscalía contra Varela.
El Ministerio Público hizo la petición de sanción, que incluye otros 50 días de prisión por el ilícito de amenazas agravadas, al finalizar sus alegatos conclusivos en el juicio ante el Tribunal Penal de Pérez Zeledón.
Los agentes fiscales solicitaron también una orden de prisión preventiva por seis meses contra Varela, mientras esa instancia judicial hacía firme la eventual sentencia condenatoria.
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