jueves 26 de septiembre de 2024
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Panamá por nombrar Procuradores de la nación y la administración

Ciudad de Panamá, 20 sep ( Prensa Latina) El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que próximamente nombrará a los nuevos titulares de las Procuradurías de la Nación y la Administración, figuras claves hoy en la administración de justicia.

En declaraciones a medios de prensa, el mandatario precisó que el anuncio lo hará a su regreso de Nueva York el próximo 26 de septiembre, a donde viajará el próximo sábado para asistir a la 79 Asamblea General de Naciones Unidas.

Para sustituir al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, dijo, el perfil necesario es que el sustituto haga su trabajo: investigar los delitos que competen al Ministerio Público como corresponde, sin sesgos.

En el caso del relevo del Procurador General de la Administración, Rigoberto González, que también culmina su periodo en diciembre próximo, es vital que vigile con celo los actos de gobierno, cumpla adecuadamente su papel de asesor del Estado y se enfoque en dar seguimiento a los asuntos pendientes en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), agregó.

A saber, Caraballo, con 23 años de servicio, asumió como titular de la Procuraduría General de la Nación, el 15 de febrero de 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo ( 2019-2024) y lo hizo después de 35 meses de actuar como interino, tras la renuncia de Eduardo Ulloa, quien estaba en el puesto.

Por su parte, González fue nombrado como procurador de la Administración el 7 de enero 2015, durante el Gobierno de Juan Carlos Varela ( 2014-2019), pero antes fungió como secretario general de la Procuraduría de la Nación durante la gestión de Ana Matilde Gómez.

En su trabajo, González sobresalió por pedir cuentas a varias instituciones y funcionarios, entre ellas el contralor Gerardo Solís, con quien mantuvo un tenso enfrentamiento en materia de fiscalización de gobiernos locales.

En medio de protestas populares en contra del contrato entre el Estado y Minera Panamá, a finales de 2023, González sustentó ante el Supremo la inconstitucionalidad de ese documento, que antecedió el fallo y el cierre de la actividad extractiva.

mem/ga

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