La decisión se tomó tras archivar las solicitudes de procedimientos judiciales similares contra tres exfuncionarios del Gobierno del expresidente Guillermo Lasso.
Se trata de los procesos contra el exministro de Finanzas Pablo Arosemena, el exsecretario de la Administración Sebastián Corral y la extitular de la Secretaría de Educación Superior Andrea Montalvo.
El pasado 22 de agosto, el juez Édgar Romero dispuso la suspensión temporal del juicio político contra Palencia que ya estaba en curso en Fiscalización, para que la mesa de trabajo resolviera los procesos contra los tres exfuncionarios de Lasso.
Las acusaciones contra Palencia fueron presentadas por Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, legisladores del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Berrezueta basa su solicitud de enjuiciamiento en el papel de Palencia en el asalto de la policía a la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, donde aprehendieron al exvicepresidente Jorge Glas, quien recibió asilo político por parte del gobierno mexicano.
Por su parte, Cabezas cuestiona la responsabilidad de la ministra en la permanente crisis de seguridad que afronta el país y en la inexistencia del Plan Fénix, como el presidente Daniel Noboa denominó a su estrategia contra el crimen.
El Ejecutivo asegura que el número de muertes violentas disminuyó este año con los estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, pero los delitos persisten.
Según datos del Ministerio del Interior, de enero a julio de 2024 hubo tres mil 612 homicidios intencionales en todo el país, o sea, unos 17 asesinatos diarios.
Sin embargo, los ciudadanos discrepan con las cifras presentadas por el Gobierno nacional pues esta nación sudamericana enfrenta una nueva ola de violencia en las calles, pese a la presencia de militares y los reiterados estados de excepción.
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