La Central de Trabajadores (CTA), la CTA-Autónoma y la Confederación General del Trabajo solicitaron la intervención del Comité de Libertad Sindical de la OIT por considerar que el Ejecutivo viola convenios de esa entidad.
En específico, las organizaciones denuncian la creación de un comando unificado, integrado por el Ministerio y las Fuerzas de Seguridad, como parte de la profundización de “medidas represivas contra las manifestaciones sindicales y sociales”.
Las centrales señalan que, mediante la resolución 893/2024, fueron ampliadas las facultades de las fuerzas para intervenir en las protestas sin orden judicial.
Además, explican que dicho recurso “establece que son hechos ilícitos las manifestaciones en zonas productivas”.
Eso es grave, pues no distingue entre acciones violentas y demostraciones pacíficas, lo cual deriva en una criminalización generalizada de las protestas, independientemente de su naturaleza, tratándolas como si fueran delitos en lugar de expresiones legítimas de descontento social, indica un comunicado de los sindicatos.
Asimismo, la resolución pone un énfasis considerable en la protección de la producción económica, destacando que ciertos sectores requieren seguridad especial por su impacto en el crecimiento del país.
Sin embargo, ese enfoque prioriza los intereses económicos sobre derechos fundamentales como el de huelga y libre manifestación, añade.
También afirma que la aplicación de sanciones punitivas y la expansión de los poderes de las fuerzas sin control judicial constituyen una amenaza grave a los trabajadores.
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