La decisión sobre la viabilidad de las iniciativas que deberán compararse con el fin de recuperar la sostenibilidad financiera de la entidad pública estará a cargo del Ejecutivo, lo que cuestionan los lideres de los movimientos populares y sindicales.
Estos conversatorios, lunes y miércoles, tienen lugar en la sede del Palacio de las Garzas (casa presidencial) y tienen como fin aportar los sustentos de un anteproyecto de ley que se presentará a la Asamblea Nacional ( parlamento unicameral) antes que concluya este año y
pueda entrar en vigencia en 2025.
Nelva Reyes, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), adelantó que ese colectivo apuesta por el retorno al sistema de beneficio definido de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la vuelta a su eje solidario, contrario a lo que plantean los privados que abogan por las cuentas individuales.
También voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida , como el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, señalan que el movimiento obrero plantea un nuevo sistema que se fundamente en la solidaridad y que permite además garantizar una pensión digna, no precaria o indigente.
El problema que tiene el sistema individual es que podría dar estabilidad financiera, teóricamente, pero crearía un problema social muy grave en el futuro, indicó, debido a la caída de sus actuales montos, de acuerdo con pronósticos de organizaciones financieras internacionales.
El líder sindical agregó que esperan mejores resultados de las mesas de trabajo, pero lamentablemente lo que se está dando en Presidencia es una conversación en donde escucho, y yo veo lo que considero, un lamentable escenario para el entendimiento, remarcó.
Al respecto agregó que las organizaciones se oponen a la privatización de los servicios de la CSS y las medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero patronales.
Al respecto, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, denunció que más allá de una conversación sobre el tema, la administración de José Raúl Mulino divaga sobre las reglas como la fecha de entrega de propuestas de los diversos sectores y aspira convertirse además en el moderador unilateral de esas pláticas.
Andrade recordó que el propio director designado de la CSS, Dino Mon, fue defensor en 2005 de la actual legislación 51 sobre la CSS, normativa que el movimiento popular denomina Ley de la Muerte, al tiempo que mencionó a asesores como Fernando Bustamante, antes subdirector de la entidad.
De otra parte, cuestionó que el Ejecutivo sea quien decida a futuro cuáles serían las propuestas de reformas más viables para salvar a la CSS de la actual debacle, lo cual ofende la voluntad popular.
Acerca de sus más recientes manifestaciones sobre este tema, cuando el jefe de Estado se declaró dictador si hiciera falta para atender a los asegurados, también alertó sobre violaciones de la Constitución en el sentido de que quien manda es el pueblo.
Además confirmó que a inicio del mes próximo, la alianza Pueblo Unido por la Vida convocó a una gran marcha popular en la capital panameña en defensa de la CSS que concluirá en la Presidencia de la República con la entrega de sus propuestas y un pliego de reclamos.
mem/ga
