“No puede hablarse de abuso de poder o de autoridad cuando contamos con pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostienen la existencia de hechos delictivos”, declaró el jurista luego de alegaciones de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, sobre presuntas ilegalidades en el arresto.

El líder del Ministerio Público argumentó en un comunicado de prensa, además, que las decisiones sobre la detención la víspera de Esquivel y otros siete funcionarios de la CCSS “están avaladas por la figura de un juez de garantías”.

“Nuestras acciones no pretenden dar un mensaje intimidatorio, como sí se desprende del emitido por la representante del gobierno”, argumentó el Fiscal General sobre las disposiciones de su cartera contra los ejecutivos de la CCSS, “en un Estado de Derecho, al amparo de las leyes y de la Constitución Política”.

La reacción de Díaz siguió a declaraciones, mediante un video, de la ministra de la Presidencia, en el que califica de “abuso de poder” las decisiones de la Fiscalía en el caso contra la presidenta de la CCSS, y agrega que estas eran “absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral”.

El Fiscal General aseguró que, durante sus 29 años de ejercicio, fue testigo de que a determinados grupos de poder les incomoda el trabajo que realizan las instancias del Ministerio Público, «en especial cuando se trata de delitos conocidos como de cuello blanco”.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenó la víspera la detención de Esquivel y de los otros siete directivos, por supuestos sobreprecios en la adjudicación a cuatro cooperativas y una asociación de 138 equipos básicos de atención integral de salud, publicó el canal Teletica.

Agentes de la Policía Judicial intervinieron la residencia de Esquivel, antes de presentarse la funcionaria de forma voluntaria a una delegación de esa instancia, que investiga a los ocho detenidos desde hace dos meses junto al Ministerio Público, según el director general del OIJ, Rándall Zúñiga.

Los implicados en el caso fueron apresados en la mañana de ayer durante 28 allanamientos ejecutados por La Policía Judicial, encabezada por la Fiscalía, precisó la televisora.

Las autoridades condujeron horas después a la presidenta de la CCSS hasta la cárcel de la municipalidad capitalina de Goicoechea, precisó la televisora.

Los tribunales de esa instalación, ante la que fue trasladada la directiva desde la sede del OIJ, indagan en estos momentos con ella y con los otros siete funcionarios arrestados por la misma causa sobre los hechos por los que se les investiga, señalaron los medios.

El grupo de los otros siete arrestados son funcionarios y exservidores de la CCSS, cuya labor es administrar los recursos materiales y humanos de los hospitales y demás entidades públicas de salud del país, agregaron las fuentes.

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