“El proyecto era un claro retroceso y regresión de nuestra institucionalidad”, dictaminó la también llamada Sala Constitucional sobre la iniciativa “1.0”, presentada por el ejecutivo tras la decisión del ente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de considerar la primera versión como contraria a la Carta Magna.
La Sala IV reiteró este martes la antigua jurisprudencia respecto a la imposibilidad, por ley, de cercenar las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), como solicitaba la iniciativa oficial, principal aspecto de la Ley Jaguar criticado por los opositores al proyecto, según el canal Teletica.
El texto de la sentencia entregada este martas por la Sala IV reitera la inconstitucionalidad del nuevo texto que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves pidió llevar a referendo por la vía de recolección de firmas, o por el voto afirmativo de la Asamblea Legislativa, añadió la televisora.
La decisión de esa instancia de la CSJ, de 193 páginas, reúne los razonamientos esgrimidos por los magistrados que integraron el tribunal el 29 de julio anterior, cuando se anunció el por tanto de la sentencia que confirmó la inconstitucionalidad de todos los artículos de la Ley Jaguar.
De acuerdo con Teletica, Los magistrados trajeron a colación el acta número 162 de la Asamblea Nacional Constituyente, creadora de la Constitución Política de 1949 vigente en el país, para indicar que la CGR es el órgano constitucional creado para el control y fiscalización de la hacienda pública.
La sentencia coincide con los críticos de la nueva legislación como la propia Contralora General de la República, Marta Acosta, al reconocer a esa instancia con competencias expresas para la fiscalización y vigilancia, para la verificación, entre otras, de la correcta utilización de los fondos públicos.
El tribunal invocó, además, las 13 sentencias anteriores de la Sala IV que abordaron las competencias de la CGR entre 1991 y 2001, las cuales enfatizaron que, por voluntad del Constituyente que la creó como auxiliar del Congreso, se le concede función específica sobre la vigilancia de la Hacienda Pública.
La Sala IV de la CSJ declaró el 29 de julio inconstitucional el proyecto de la llamada «Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica» propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa (parlamento) para su aprobación mediante un presunto referendo.
Un comunicado del ente confirmó la iniciativa como contraria a la Carta Magna, consideración defendida en distintos foros durante los últimos meses por personalidades y organismos del Congreso y del propio Ejecutivo, por la tendencia del texto a desconocer poderes fiscalizadores de mecanismos como la CGR.
El Gobierno por su parte, presentó solo un día después, el 30 de ese mes, ante la Asamblea Legislativa (parlamento), una denominada versión «reforzada» del proyecto de Ley Jaguar.
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