Lo anterior fue señalado días antes a que un tribunal de sentencia conozca el caso de Santa Marta, donde al menos cinco dirigentes comunitarios son acusados del asesinato de una mujer en 1989 en la referida localidad, cuando los procesados eran parte de la Resistencia Nacional, una organización que conformó el FMLN.
Ante la acusación, no son pocas las voces que indican que su arresto se debe a su lucha ambientalista contra el inicio de la actividad de minera metálica en la zona.
La víspera la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica ofreció un informe de persecución contra ambientalistas y los intentos de criminalización contra ellos.
Alfredo Leiva, de la Mesa, aseveró que uno de “los temores que tienen es que para frenar el trabajo que hacen, se “orquesten otros casos criminalizando a ambientalistas”.
Los grupos comunitarios y la defensa señalan que no existen pruebas en el caso y que la captura se debe a su lucha antiminera.
Según los activistas, frente a cualquier escenario, el proceso puede alargarse ya que, si el fallo es desfavorable, la defensa apelará, y si es favorable, temen que la Fiscalía también apele.
Hace siete años El Salvador aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, convirtiéndose en el primer país en cancelar en forma definitiva esta nociva industria extractiva en su territorio.
Al respecto, grupos comunitarios se oponen a las intenciones de empresas transnacionales de explotar aquí metales preciosos como oro y plata, sin considerar las afectaciones a las fuentes de aguas del país, entre otras.
El Salvador es una nación que ya sufre de una profunda crisis hídrica en términos de calidad y cantidad, ubicándose como el de menor disponibilidad de agua per cápita en Centroamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.
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