El proceso que comenzó con los allanamientos y la detención el lunes por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y se interrumpió con la liberación el martes de los encartados por un juez, avanzó este jueves con las declaraciones de los imputados, añadió el Diario Extra.
Los ocho directivos acusados responderán ante la audiencia del llamado “Caso Barrenador” por denuncias sobre contratos mediante un supuesto sobreprecio millonario para la adjudicación de recursos de salud a cinco cooperativas.
El tribunal considerará las pesquisas del Ministerio Público sobre los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, junto a una presunta presión por parte de algunos directivos de la CCSS para ceder la adjudicación a las entidades beneficiadas.
Esquivel y los otros siete fueron puestos en libertad, el martes, pero con una investigación abierta de la Fiscalía y a la espera de medidas cautelares, entre ellas, el cese del puesto en lo que avanzan las pesquisas, señaló Diario Extra.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) denunció este jueves que una persona por identificar eliminó unos 300 correos y cuatro archivos que obraban como pruebas contra los ocho imputados.
Representantes de esa entidad explicaron que un presunto ejecutivo sin identificar borró dichos textos de la nube, pero el ente usará las herramientas correspondientes para recuperar los archivos que desaparecieron y, de ser necesario, pedirá asistencia internacional, añadió el canal Teletica.com.
La supresión de pruebas contra los ocho procesados fue ejecutada pese a existir un bloqueo de cuentas ordenado durante allanamientos a esa entidad por la adjudicación a cooperativas de 138 equipos básicos de atención integral en salud y 10 áreas de ese sector.
El recurso informático aplicado a las cuentas electrónicas de los encartados en la causa fue aplicado durante una intervención en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la institución administradora de los hospitales públicos del país, precisó la televisora.
Especialistas del OIJ expresaron sus sospechas de que «alguien más» accedió a las credenciales del alto mando para variar los permisos sobre el contenido de los correos electrónicos de los ocho funcionarios, cuyas cuentas fueron deshabilitadas durante las intervenciones el lunes.
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