Por Orlando Oramas Leon
Los internos perdieron la vida en un incendio dentro de la celda, la única que estaba cerrada al momento del siniestro en uno de los módulos más peligrosos de la mayor prisión uruguaya.
En enero pasado ocurrió un hecho similar en la propia unidad del también conocido como penal exComcar, donde el fuego consumió la vida varios prisioneros.
Para entonces trascendió la promesa del asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, de iniciar reformas cuyos primeros resultados debían estar para julio pasado.
El tiempo pasó y los incidentes continuaron repitiéndose en el país, donde existe “un sistema penitenciario gigante, que sigue creciendo con relación a la población”.
Así lo afirmó la diputada Bettiana Díaz, quien integra en el Parlamento la Comisión de Seguimiento a la Situación Carcelaria.
El país sudamericano ocupa el décimo puesto entre las naciones con mayor población tras las rejas: 408 por cada 100 mil habitantes, y más de 14 mil privados de libertad, según el informe de 2022 del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.
Un documento elaborado por el Comisionado y la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), alerta que la situación en las cárceles uruguayas está al “limité” y resulta “explosiva”.
El informe contiene propuestas concretas y señala con preocupación que no se lograron los acuerdos legislativos y técnicos previstos en la materia, para poder mejorar la realidad del sistema carcelario.
Al respecto considera necesaria la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación, a fin de dotarlo de autonomía y un nuevo formato de dirección política.
También advierte sobre el aumento «descontrolado» de la cantidad de personas en reclusión y la necesidad de combatir el hacinamiento, favoreciendo medidas de prisión alternativas y modificaciones al sistema de penas.
Expresa preocupación por la salud de quienes están privados de libertad y remarca como necesario reforzar la atención desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Además, insta a fortalecer el servicio de defensores públicos, implementar un programa de alfabetización entre los presos, así como dignificar la tarea del personal penitenciario.
Este diagnóstico coincide con el de funcionarios penitenciarios que, tras la muerte de los seis internos en el penal Santiago Vázquez, pidieron la declaratoria de la emergencia carcelaria.
Trabajadores de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) reclamaron la declaratoria en un comunicado y calificaron de “insostenibles” y “deplorables” las condiciones en las prisiones.
“Desde hace años, el sistema penitenciario se ha mantenido sin una verdadera política de Estado que trascienda los intereses partidarios y aborde de manera efectiva las situaciones extremas y las pésimas condiciones de reclusión”, dice el pronunciamiento.
Además, plantearon la necesidad de tomar medidas para “garantizar condiciones dignas” de los trabajadores y los privados de libertad.
Por su parte la Inddhh dijo estar en coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Oficina del Comisionado Parlamentario, así como con organizaciones de familiares sobre lo ocurrido en el exComcar.
La institución de derechos humanos manifestó estar “atenta los resultados de las investigaciones en curso, para conocer las responsabilidades tanto individuales como institucionales que la Justicia establezca”.
Este nuevo y trágico caso “es de suma gravedad, preocupa y demuestra que el Estado necesita encarar una contundente reforma del sistema carcelario”, enfatizó,
Será una tarea para el próximo gobierno que debe asumir el 1 de marzo de 2025.
La administración del presidente Luis Lacalle Pou termina su quinquenio, se queda sin tiempo y deja resultados cuestionables en un sistema de cárceles peligrosas, alto hacinamiento y pocas posibilidades de rehabilitación.
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