En investigación aparecen 114, siete archivadas y 19 conectadas con otros casos, según datos en una plataforma puesta en marcha a fines de mayo último para transparentar la gestión en el combate al saqueo del dinero público.
El mecanismo digital precisó que 42 denuncias guardan relación con el Ministerio de Comunicaciones, 41 del sector administrativo, 27 con salud, 16 de seguridad, nueve a educación, ocho a desarrollo social, igual cantidad a agricultura, seis a trabajo y cinco a ambiente.
El entonces titular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, Santiago Palomo, consideró meses atrás fundamental que el MP asuma esas denuncias con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos.
Entre los casos más relevantes destacan las irregularidades en la construcción de las Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín, Escuintla.
También, la adquisición de escaleras y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Asimismo, identificaron una red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo, falsedad en licencias ambientales y anomalías en la obtención de vacunas Sputnik V contra la Covid-19.
A inicios de agosto pasado las autoridades de Comunicaciones y Salud denunciaron un posible fraude en un proyecto de construcción, a cargo igualmente del Ejecutivo anterior, de un hospital en el departamento de Huehuetenango.
Aún está por sumarse al tablero el caso B410, revelado en agosto último por la Superintendencia de Administración Tributaria y llamado mayor fraude fiscal de Guatemala.
La corrupción –señalaron analistas locales- roba la oportunidad del desarrollo, mientras la actual gestión de Bernardo Arévalo la presenta como su principal reto.
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