El 15 de septiembre el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que el plan de gastos anual sería presentado sin brecha financiera, totalmente financiado, lo que significa que no será necesario adquirir deuda para gasto corriente como ocurrió con todos los anteriores.
El documento contempla dos mil 706 millones de dólares para salud y educación, mil 535.8 millones para el sector educativo y mil 170.4 millones para el área de Salud, para un total de dos mil 706 millones en ambas áreas.
Durante la presentación del plan, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, también destacó que el área de Seguridad y Defensa contemplará 903.4 millones, para, unido a educación y salud, absorber el 37.4 del plan.
El aspecto que causa controversia es el anuncio presidencial de que el plan de gastos anual será totalmente financiado, lo cual significa que no será necesario adquirir deuda para gasto corriente.
El próximo año El Salvador ya no gastará más de lo que recauda anualmente. Continuaremos garantizando el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales. Todos estos compromisos serán asumidos con nuestros propios ingresos, afirmó Jerson Posada, ministro de Hacienda.
Al respecto del anuncio de Bukele, la diputada Marcela Villatoro (Arena, derecha) opinó que la iniciativa implicará una reducción del gasto en todas las instituciones del Estado y un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Lo más seguro es que, si están negociando un acuerdo con el FMI, una de las exigencias debe ser un ajuste fiscal de gasto público y eso implica una disminución total al presupuesto de gasto corriente”, aseveró.
Con una historia de gastar más de lo proyectado, expertos dudan de la propuesta de un presupuesto sin déficit para 2025.
Al recordar criterios del académico Oscar Picardo, de la Universidad Francisco Gavidia, de que el de Bukele es un gobierno gastador, las dudas se acrecientan y así lo expresan analistas y economistas.
Hay temores de que, si se produce un déficit de 600 u 800 millones de dólares, esos sean reducidos de programas sociales. Esa es una de las demandas en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sanear las finanzas públicas.
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