Al cierre de una masiva marcha en defensa de la enseñanza, Fernández leyó un documento elaborado por estudiantes, profesores, rectores y trabajadores no docentes que se oponen al veto del presidente Javier Milei a una ley de financiamiento educativo.
En esta capital tuvo lugar el acto central contra las políticas del Ejecutivo, el cual fue replicado en varias provincias con movilizaciones en las que participaron miembros de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, jubilados y ciudadanos en general.
Hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional preocupados por el desfinanciamiento del sistema universitario y el científico. En la gesta colectiva de abril, con plazas y calles colmadas, alzamos nuestra voz. Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy, afirmó Fernández al iniciar la lectura del texto.
La reconducción del presupuesto de 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos quedaran desactualizadas. Paritarias (negociaciones) discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo, añadió.
Asimismo, denunció que “nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios”.
Además de todo eso- dijo-, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar.
No hubo vocación de diálogo. Los intentos que promovimos para gestionar las dificultades fueron infructuosos, comentó.
Fernández aseveró que “la situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial”.
La pérdida de quienes trabajamos en las universidades es de una gravedad inusitada, con un porcentaje enorme de profesores y no docentes recibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales, afirmó.
También consideró que la crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes.
Por otra parte, señaló que “el acceso y la permanencia en las universidades de los hijos de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana”.
Muchos deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera y aumenta la deserción obligada por la situación económica. Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, añadió.
La dirigente consideró que el presidente tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas.
Los estudiantes de toda Argentina le pedimos, en un grito de auxilio: ¡Promulgue la ley de financiamiento universitario! Fue aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad, da previsibilidad presupuestaria al sistema y a la crítica situación salarial una respuesta, afirmó.
Además, no compromete fiscalmente al Estado pues demanda solo el 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto para su implementación. Exigimos también que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Si no se modifica, la situación será mucho más grave, agregó.
Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que se destina a educación y desarrollo científico. (…) La universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente, señaló.
Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo, concluyó.
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