La iniciativa, entre otras,se presentaron en la mesa de consultas sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y otra sobre prestaciones médicas por parte de la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales.
Ese grupo abogó además por el retorno a un único sistema de pensiones solidarias, considerando que esta medida es esencial para garantizar la sostenibilidad de la entidad.
Sus propuestas incluyen que parte de los ingresos generados por el Canal de Panamá se destinen al IVM, argumentando que esto podría fortalecer los recursos del sistema, dado el impacto económico de la vía interoceánica en el país.
Además, la asociación planteó la necesidad de recuperar los fondos que han sido indebidamente sustraídos de la CSS, lo que podría aliviar la carga financiera.
También propusieron implementar medidas más estrictas para combatir la evasión fiscal.
Otra de las sugerencias incluye que el Estado destine un dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al programa de pensiones, también utilizar con ese fin parte de los bienes y dineros incautados en casos de narcotráfico y de las multas recaudadas por infracciones al reglamento de tránsito.
Mientras el Frente de Acción Magisterial, la Unión Nacional de Educadores de Panamá y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña demandaron la unificación de los pilares del programa de pensiones en un único sistema solidario, lo que simplificaría el acceso y mejoraría la gestión de recursos.
También señalaron que es clave aumentar el aporte de los patronos privados y del Estado a la cuota obrero-patronal, para garantizar una mayor equidad en la financiación del sistema.
Además, esos colectivos exigen que tanto el Estado como el sector privado cumplan con sus obligaciones pendientes con la CSS, ya que el incumplimiento ha debilitado la capacidad del sistema.
En otra de sus propuestas indicaron que los asegurados tengan derecho a jubilarse con el 100 por ciento de su último salario, asegurando una mejor calidad de vida.
Este proceso de conversatorios con la participación de diversos sectores sociales deberá concluir el 31 de octubre para que el Ejecutivo prepare un anteproyecto de ley que someterá a la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) antes que concluya el año con las reformas necesarias a la CSS.
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