Se trata de un plan para instalar una planta destinada a producir combustibles ecológicos en el departamento de Paysandú, a cargo de la empresa internacional HIF Global, con la que el gobierno firmó memorando de entendimiento.
Semanas atrás, la Justicia condenó al Poder Ejecutivo a entregar información sobre el contrato firmado en febrero entre el gobierno y HIF Uruguay, tras un reclamo del ambientalista Raúl Viñas.
El gobierno uruguayo se resistió a cumplir el mandato bajo el argumento de que el acuerdo con la firma extranjera tenía una cláusula de confidencialidad.
Pero la sentencia obligó al Ejecutivo a «suministrar toda la información de carácter ambiental contenida en el memorando de entendimiento y su anexo celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la Empresa HIF Uruguay el día 28 de febrero de 2024”.
A pesar del fallo judicial, el Ejecutivo todavía no accedió a dar la información, por lo que el juez Pablo Gandini estableció la multa «por cada día que no cumpla con el fallo» «por un plazo de 45 días», según el texto al que accedió El Observador.
El proyecto a cargo de HIF Global abarcará una superficie de unas 288 hectáreas en Paysandú y verterá una serie de efluentes al Río Uruguay.
Además generará «emisiones gaseosas con impacto negativo en el medio ambiente», según señaló la sentencia de primera instancia de Gandini, entre otros señalamientos medioambientales.
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