Además, el también militar retirado Julio Cerda Carrasco fue sancionado con 15 años de cárcel por su participación en los hechos.
Entre el 13 y el 20 de octubre de 1973 elementos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, junto a un funcionario policial y un civil de la zona, realizaron capturas en diversos asentamientos campesinos en la comuna de Paine, de la Región Metropolitana.
Las víctimas, entre dirigentes y trabajadores, fueron trasladados a un campo de prisioneros donde los sometieron a interrogatorios bajo torturas y posteriormente los ejecutaron e inhumaron los cuerpos ilegalmente.
En 2022 un juzgado dictó sentencia en primera instancia contra los acusados por estas atrocidades, la cual fue impugnada por la defensa que se acogió al privilegio de la media prescripción para reducir las penas.
Sin embargo, este viernes la segunda sala de la Corte Suprema decidió ratificar definitivamente el fallo anterior.
Nelson Caucoto, abogado de 10 de las 11 familias de las víctimas, declaró que se está cerrando positivamente un período triste y de mucho dolor para tanta gente humilde, cuyos derechos fueron arrasados por la dictadura militar.
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