El ultimo día del año vence la última prórroga aprobada por la Asamblea Legislativa para suspender los embargos por créditos otorgados a través del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafe) y el Fondo de Emergencia para el Café (FEC).
Esos productores aportan el 70 por ciento de la cosecha del aromático en el país y si no pagan sus fincas serán embargadas por los bancos.
Para evitar la medida, Acafesal pide una nueva extensión en al menos dos años que permita a los dueños recuperarse y poder amortizar la deuda que se eleva a cerca de 151 millones de dólares.
La reactivación de los fideicomisos es una “preocupación de todo el gremio”, aseguró Sergio Ticas, presidente de la Acafesal, quien precisó que hace tres meses se reunieron con las autoridades del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) para solicitar una nueva prórroga, pero no recibieron respuesta.
Según fuentes del sector el Ficafe se creó en 2001 junto con el sistema financiero para apoyar a los productores en medio de una crisis de bajos precios internacionales, mientras que el FEC se instauró en 2000 para otorgar un anticipo a los caficultores de 25 dólares por cada quintal de café oro uva.
La situación se agravó luego del ataque de la plaga de roya en el ciclo 2012-2013 y el derrumbe de la producción a menos de la mitad, lo que obligó a emitir una ley transitoria para suspender los pagos del Ficafe hasta diciembre de 2018.
Ese período se modificó a pedido de los productores para 2021 y en enero de 2022 se aprobó la tercera prórroga.
Según la gremial, las obligaciones pendientes suman 125 millones y el Fed un poco más de 26 millones de dólares.
A los problemas económicos se suman que no se cumplieron promesas gubernamentales de reestructuración y financiamiento para renovación del parque cafetalero mediante el Fideicomiso para el Rescate de la Caficultura (Firecafé), que aprobó la Asamblea Legislativa en mayo de 2021 por 640 millones de dólares, que tampoco se ha materializado.
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