La divulgación la víspera de una encuesta que considera de forma abrumadora que el mandatario actúa bien en favor del pueblo coincidió con la aprobación por trigésima primera ocasión de la extensión del régimen de seguridad, la política estrella del gobierno para combatir a las pandillas.
La aplicación del Plan Control Territorial (PCT) apoyado por el régimen de excepción permitió hasta ahora la captura e 82 mil 500 presuntos pandilleros y colaboradores, muchos de los cuales luego de ser juzgados enfrentan largas penas de cárcel.
La prolongación 31 del régimen que limita algunas garantías constitucionales estará vigente del 8 de octubre hasta el 6 de noviembre y fue alcanzada por 57 votos a favor, un voto en contra, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, y dos abstenciones de Arena.
La ampliación de la medida fue solicitada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien justificó la acción por la existencia, aún, de grupos de pandilleros en el país.
La diputada Suecy Callejas, vicepresidente de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, argumentó que “el régimen de excepción debe continuar para seguir protegiendo la vida de millones de salvadoreños honestos, con deseos de salir adelante, para favorecer a sus familias”.
La parlamentaria indicó, además, que la medida es necesaria y clave para levantar la economía. La prórroga suspende los artículos 12 inciso 2o., 13 inciso 2o. y 24 de la Constitución de la República que se refieren al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, y a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
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