En conferencia de prensa de esa organización, Méndez mostró un documento anterior a la operación Obra Gris de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que evidencia que Manuel Rodríguez, uno de los líderes del colectivo estaba exento de todo tipo de investigación; sin embargo, allanaron su domicilio la víspera.
Es un acto criminal lo que arremete la Fiscalía contra miembros de Suntracs, además de que viola la libertad sindical, amparada en la Constitución, que establece la posibilidad de reunirse con los trabajadores y revisar periódicamente el Convenio Colectivo de Trabajo con los empleadores.
Los abogados de Suntracs también definieron que se utiliza al Ministerio Público para criminalizar actos legítimos o que no constituyen delito, sin embargo, este 8 de octubre los impugnados estarán asistiendo a las respectivas audiencias frente a un juez de garantías.
La defensa también explicó que la lucha de Suntracs es estrictamente laboral, lo que busca es ser desvirtuado desde el punto de vista penal, a través de acciones como la operación Obra Gris.
Para Méndez, excandidato presidencial en 2019, se trata de una “persecución sistemática contra el movimiento sindical”.
La víspera, el fiscal Emeldo Márquez ofreció detalles sobre las aprehensiones que realizaron durante la Operación Obra Gris. Explicó que las diligencias se realizaron luego de recibir información de que dos empresas, una en la provincia de Panamá y otra en Panamá Oeste, eran presionadas para realizar contrataciones y despidos de colaboradores.
A finales de 2023, Suntracs también catalogó como persecución política el cierre de 18 cuentas bancarias en la estatal Caja de Ahorros, un problema aún sin resolver, debido a su protagonismo en las manifestaciones populares de rechazo a la minería metálica a cielo abierto y para demandar el cierre de la empresa Minera Panamá, en Donoso, provincia de Colón.
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