El abogado Carlos Caro cuestionó el argumento del defensor de Boluarte, Juan Carlos Portugal, en el sentido de que las pesquisas sobre la desactivación de la unidad policial de apoyo al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficop) deben terminar por haber expirado el plazo legal de la investigación preliminar.
Explicó que en esa etapa temprana de la indagación, la iniciativa la tiene el Ministerio Público, que puede pedir un nuevo plazo de 60 a 180 días, invocando la necesidad de nuevas diligencias.
La Fiscalía plantea la hipótesis de que la Jefa de Estado ordenó desactivar el Eficop debido a que este investiga a su hermano, Nicanor Boluarte, por tráfico de influencias y otros cargos vinculados con su posible intromisión en la designación de funcionarios y el uso de estos para organizar un partido oficialista.
Portugal niega que la mandataria haya ordenado desactivar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), cuyo jefe fue destituido meses atrás, tras allanar por orden judicial la casa de Boluarte en una investigación por presunto peculado por la posesión de costosas joyas no declaradas.
Afirma que, según la constitución, la mandataria comanda la Policía Nacional y designa a su jefe, pero esta tiene plena autonomía en asuntos administrativos, como el nombramiento de los mandos.
Boluarte ha sido investigada también por las 50 muertes de civiles en la represión de las protestas contra su ascenso a la Presidencia por sucesión constitucional, en diciembre de 2022.
Arrastra de otro lado otra indagación por manejos irregulares como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo que ejerció hasta poco antes de asumir la Presidencia.
Además, la semana pasada fue acusada por Henry Shimabukuro, ex asesor de Inteligencia de su antecesor, Pedro Castillo, de recibir como regalo de una conocida diseñadora de trajes de lujo, un vestido para su juramentación como mandataria y otros regalos.
El primer ministro reaccionó irritado al ser preguntado sobre el tema por la prensa y se negó a responder alegando lo que consideró carencia de credibilidad del denunciante.
Sin embargo, la mandataria emplazó a Shimabukuro a probar lo dicho o rectificarse, lo cual consideró erróneo el abogado Eduardo Roy Gates, quien pronosticó que el denunciante no se retractará y por el contrario tratará de presentar pruebas de lo dicho.
Según el letrado, por antecedentes como el de las costosas joyas, es seguro que el Ministerio Público le abrirá una nueva investigación, con previsibles consecuencias, al menos, de desgaste político.
De otro lado, está pendiente un recurso de la Procuradoría del Estado ante el Tribunal Constitucional, para que este acote los casos en que los presidentes pueden ser investigados sin afectar su inmunidad constitucional.
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