En el texto, los ministros y altos directivos firmantes aseguraron que este constituye un hecho que puede traer severas consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de derecho.
Alegaron que, al formular cargos contra el presidente, que tiene fuero integral subjetivo y funcional, el CNE se arrogó una competencia inexistente en el sistema constitucional, pues vulneró el debido proceso previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos y desconoció la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ese órgano, continuaron, mezcló criterios que deben diferenciarse con claridad: una cosa es su competencia para investigar la campaña, y otra atribuirse de manera excesiva la función de investigar a un aforado constitucional, como lo es el presidente.
La decisión de ayer es contraria a la jurisprudencia constitucional, lo que evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad por parte de los magistrados del CNE, estimaron.
Afirmaron además que, aun cuando estos hechos buscan bloquear el avance de las políticas públicas y las reformas sociales que impulsa el Gobierno elegido popularmente, seguirán trabajando por el cambio.
Los aquí firmantes representamos al primer gobierno progresista en la historia del país y rodeamos al señor presidente, respetando la dignidad que la Constitución y el pueblo le otorgan, sentenciaron.
Para finalizar, los miembros del gabinete instaron a defender la democracia y el Estado de Derecho.
Durante la víspera, el CNE anunció que formularía cargos contra el presidente por una supuesta violación a los topes permitidos a gastar durante su campaña electoral de 2022 y por la recepción de fondos de fuentes no autorizadas para ello.
Tras el anuncio, Petro recibió múltiples muestras de apoyo de organizaciones sociales y sindicales y en señal de rechazo a lo que consideran es la antesala de un golpe de Estado.
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