Los señalamientos a él, a personas que integraron su campaña electoral en 2022 y a la coalición política Colombia Humana, versan sobre una supuesta violación a los topes permitidos a gastar durante los procesos proselitistas y a la recepción de fondos de fuentes no autorizadas para ello.
En una alocución transmitida en cadena nacional, el jefe de Estado volvió a desmentir los cinco argumentos que el órgano administrativo le imputa y con los cuales busca impulsar un proceso de destitución.
Los supuestos aportes de la Unión Sindical Obrera y de la Federación Colombiana de Educadores no fueron a la mi campaña, sino al partido Colombia Humana, apuntó Petro.
Asimismo, detalló que los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos realizados durante las actividades proselitistas y que todas las erogaciones por concepto de propaganda electoral fueron reportadas de manera oportuna y bajo la normativa respectiva.
También refirió que los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, y especificó que las facturas entregadas corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero que estas fueron desconocidas.
Petro afirmó asimismo que el evento del triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar Arena tuvo gastos, pero que la festividad ya no era parte de la campaña.
“Los cargos formulados por el CNE son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición, que busca a toda costa poner en duda mi integridad”, aseveró.
Tal como lo planteó Petro, la credibilidad del ente acusador está en entredicho, ya que uno de los magistrados abanderados del proceso en contra del gobernante, Álvaro Hernán, además de ser un declarado enemigo político, está señalado por manipulación de testigos en un caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
En la maniobra, realizada en nombre de la justicia pero con evidentes motivaciones políticas, saltan a la vista contradicciones e irregularidades ya planteadas antes por el mandatario como su violación al fuero presidencial, la atribución de facultades que no corresponden a una entidad plenamente administrativa y la extemporaneidad de la investigación.
Esto último tiene que ver con que, según expertos, el CNE cuanta con hasta 30 días luego de los comicios para hacer los análisis pertinentes en cuanto a la financiación de la campaña, y tal y como lo hizo notar el jefe de Estado, posterior a ese lapso se determinó que todo trascurrió conforme a la ley.
Ahora, el próximo paso del Consejo será intentar hacer llegar sus presuntas pruebas hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para impulsar una destitución.
Además de la batalla legal que el equipo jurídico de Petro desarrollará en lo adelante, se prevé otra contienda aún más grande que involucra a la ciudadanía misma.
“Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Les solicito a las organizaciones populares reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del Pueblo”, expresó el mandatario.
Ante la decisión del CNE sin precedentes en la historia, aseveró que él, como jefe de Estado, llegará hasta donde el pueblo diga, sin importar su vida.
Tras su llamado, el Comando Nacional Unitario, integrado por dos centrales obreras y dos confederaciones de pensionados, respondió de manera convincente.
“Nos declaramos en estado de alerta frente a este perverso propósito de tumbar al presidente y desde ya realizaremos todas las reuniones, consultas necesarias y pertinentes para congregar la más amplia unidad de las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia y de participar con ellas en un plan de acción democrático y pacífico”, comunicaron.
Concluyeron además que el momento es de defensa de la democracia mediante la movilización social y callejera.
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