sábado 21 de diciembre de 2024
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Presidenta calificó de histórica resolución de la CSJ de Honduras

Tegucigalpa, 9 oct (Prensa Latina) La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó de histórica la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual ratificó la constitucionalidad del decreto 04-2022, destacaron hoy medios locales de prensa.

Dicho decreto establece la ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para evitar que los hechos del pasado se repitan.

La jefa de Estado hondureña, en un mensaje en la red social X se refirió al fallo de la CSJ y afirmó que pone fin a los cruentos ataques del golpismo y a la persecución política desatada contra las víctimas del violento golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

“Este golpe nos impuso, mediante fraudes, a un dictador que ahora está condenado por narcotráfico en Estados Unidos”, manifestó la mandataria en la referida plataforma digital.

El pleno de magistrados de la CSJ de Honduras decidió este martes, por mayoría de votos, declarar “sin lugar” los recursos de inconstitucionalidad acumulados presentados en contra del decreto 04-2022.

Según precisa un reporte del Canal 8 de televisión en su portal web, la decisión de la CSJ es significativa en el proceso legislativo relacionado con la referida normativa, la cual busca restablecer la confianza en el sistema jurídico del país y asegurar que se toman medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos y abusos de poder.

Además, la resolución reafirmó el compromiso del sistema judicial hondureño con la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones donde la reconstrucción de la confianza pública en el Estado es fundamental.

Las diversas partes que interpusieron los recursos argumentaban sobre la supuesta violación de principios constitucionales por parte del decreto 04-2022, sin embargo, la mayoría de los magistrados consideró la ley como válida.

En ese sentido, el alto tribunal hondureño agregó que la normativa se enmarca dentro de las atribuciones del Estado para garantizar el orden constitucional y la protección de los derechos ciudadanos.

mem/ybv

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